Prohíben celulares en escuelas de educación básica a partir del 3 de noviembre en México

A partir del martes 3 de noviembre de 2026, entrará en vigor la prohibición del uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos personales en todas las aulas de educación básica del país. La medida obliga a los alumnos de escuelas públicas y privadas a mantener guardados sus equipos portátiles durante toda la jornada escolar, incluyendo los periodos de descanso y recreo dentro de los planteles educativos.

La normativa forma parte del Acuerdo número 09/09/26, publicado formalmente en el Diario Oficial de la Federación el pasado 22 de septiembre. Este acuerdo establece los lineamientos generales para regular y limitar la presencia de la tecnología personal en los centros escolares. Según precisó la Secretaría de Educación Pública (SEP), la restricción abarca los niveles de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria a escala nacional.

Sin embargo, se contemplan salvedades para actividades pedagógicas previamente planificadas, situaciones de emergencia o requerimientos especiales de salud y accesibilidad. La SEP lanzó la campaña 'Apaga el celular' para promover esta nueva política pública que busca reducir significativamente las distracciones digitales durante las horas de clase para elevar la concentración académica de los estudiantes.

Asimismo, se pretende incentivar el desarrollo de habilidades sociales e interpersonales, promoviendo la recuperación de la convivencia directa, el juego y el diálogo presencial entre niñas, niños y adolescentes en los espacios escolares. La medida ha generado críticas por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos como Tejiendo Redes, quienes señalan que esta decisión se tomó sin consultar a la población que experimentará los cambios.

En educación superior, universidades e instituciones conservan su autonomía administrativa y académica. La disposición no impone un esquema parejo, sino que promueve un uso responsable que contribuya a formar una ciudadanía digital crítica. Las autoridades educativas de los estados y de la Ciudad de México, junto con otras instancias competentes, deben adoptar las medidas necesarias para poner en marcha estas condiciones.

La normativa prevé que cada entidad pueda hacer ajustes según su contexto particular.